Retrato del aborto en España: un derecho con limitaciones
- IriaTojoAldariz
- 13 ene 2023
- 4 Min. de lectura
El 30% de las mujeres en España recorre más de 200 km para abortar en un centro público
La reforma de la ley del aborto busca acabar con los problemas que afrontan muchas mujeres a la hora de interrumpir su embarazo
El aborto fue legalizado en España hace más de 30 años y desde 2010, a través de la llamada “Ley de Plazos”, es de acceso gratuito para todas aquellas mujeres mayores de edad que decidan somerterse a esta intervención voluntariamente durante las primeras 14 semanas de gestación. Este principio se aplica también a las menores de edad, aunque en su caso deben contar con un consentimiento firmado por sus padres o tutores legales.
Sin embargo, aunque la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) es una intervención incluida en el Sistema Público de Salud, y por lo tanto gratuita, hay mujeres que deciden llevar a cabo este procedimiento en clínicas privadas. La razón principal detrás de esta decisión suele ser una mayor rapidez en los plazos, derivada de una menor carga administrativa.
Un derecho con trabas
Pero no es el único motivo. Durante 2021 tan solo 210 centros de los 13.281 que hay en total -entre hospitales públicos y centros de atención primaria- notificaron al Ministerio de Sanidad haber practicado alguna intervención de este tipo. Esto implica que en un 98% de las instalaciones del Sistema Público de Salud no se reúnen las condiciones necesarias para que las mujeres que lo deseen puedan interrumpir su embarazo.
Tomando como referencia la ley de 2010, una mujer debe dejar pasar tres días de reflexión entre la recepción de información sobre la intervención y la realización de la misma. Sin embargo, algunas mujeres se encuentran con que entre su domicilio y el centro más cercano hay 200 kilómetros o más de distancia, lo que las obliga a tener que recorrer más de 400 kilómetros entre ida y vuelta en al menos dos ocasiones para poder acceder a este derecho.
Todo esto supone no sólo un desembolso económico extraordinario en transporte, que debe asumir la gestante, sino también un gran impacto emocional y de gestión de conciliación que magnifica el estigma social asociado al aborto.
Como consecuencia, según el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Igualdad, de cada 100 interrupciones que se realizan en España sólo el 15,5% se producen en hospitales y centros sanitarios públicos. La mayoría (el 85,5%) siguen teniendo lugar en instalaciones privadas mediante conciertos con la sanidad pública, a pesar de que la ley de 2010 especifica que los abortos deben efectuarse en la red pública como norma general y en centros acreditados privados únicamente de forma excepcional. Sin embargo, gran parte de las Comunidades Autónomas optan por externalizar el servicio en determinadas localizaciones en lugar de utilizar los recursos públicos. Los datos de Sanidad así lo reflejan: en 2021 el 84,3% de las interrupciones practicadas en España tuvieron lugar en clínicas privadas.
La nueva reforma de la Ley del aborto
Aunque tras la aprobación de la Ley de Plazos esta proporción era aún más dispar (más del 96% de los abortos se efectuaban en centros privados) la situación apenas ha cambiado desde entonces, y la sanidad privada sigue siendo la primera opción de muchas mujeres a este respecto. Sin embargo, el Gobierno quiere cambiar esta situación.
El 17 de marzo de 2020 el Consejo de Ministros aprobó la reforma de la ley del aborto, que elimina algunas de las limitaciones a la hora de someterse a una interrupción voluntaria en centros públicos. El primer cambio es la eliminación de los tres días de reflexión obligatorios entre la recepción de la información y la intervención, lo que permitirá reducir el coste añadido de los desplazamientos para las mujeres que vivan en zonas más alejadas. Además, en el texto se regula la objeción de conciencia, otra de las principales barreras en el sistema público. Aunque este es un derecho profesional que los médicos podrán seguir ejerciendo, se pondrá en marcha un registro de médicos objetores -similar al que ya existe para la eutanasia- para poder organizar los servicios en los hospitales de modo que siempre haya personal disponible en los centros públicos para practicar un aborto.
Otro de los objetivos de esta reforma es ofrecer una mayor protección a las mujeres jóvenes, puesto que es entre ellas donde se registran más interrupciones voluntarias del embarazo. De acuerdo con los datos facilitados por Sanidad e Igualdad, cuatro de cada diez mujeres que pusieron fin a su embarazo en 2021 tenían entre 20 y 29 años. La tasa en este grupo de edad supera los 15 abortos por cada 1.000 mujeres, lo que la sitúa cinco puntos por encima de la media nacional.
Otra de las medidas adoptadas para lograr este objetivo es la eliminación de la exigencia del consentimiento paterno a las menores de 16 y 17 años. La Ley de Plazos eliminó este requisito,presente en la ley anterior de 1985, sustituyéndolo por la obligación de informar al menos a uno de los padres o tutores legales salvo en caso de peligro para la menor por riesgo de violencia o desamparo. Sin embargo, el Ejecutivo de Mariano Rajoy volvió a incluir la exigencia de consentimiento paterno sin excepciones en 2015 a pesar de que los datos no presentaban una situación preocupante. De hecho, un año antes de que entrara en vigor este cambio, la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) publicó los datos de un estudio propio que señalaba que solo el 12,4% de las jóvenes de 16 y 17 años que abortaron en ese momento en sus instalaciones lo hacía sin conocimiento de sus progenitores. Ahora, con la eliminación de este requisito, el Gobierno busca devolver a estas menores su capacidad para decidir libremente sobre su maternidad.
Además, esta nueva normativa plasma otros avances y cambios, como el derecho a un periodo de baja después de someterse a una interrupción voluntaria o la gratuidad de la píldora del día después en los centros de salud y su disponibilidad en todas las farmacias.
Tablas de Excel con los datos originales para las visualizaciones:
Hai un relato xornalístico ben construído e as formas gráficas están ben integradas nel. Na primeira infografía habería que revisar o aire que temos na segunda metade, que é un pouco excesivo nalgúns puntos como despois de "Clínicas IVE". O mapa de Flourish está perfectamente executado, aínda que é posible que lle sobren as etiquetas das Comunidades Autónomas, que xa están na ventá emerxente. O gráfico de Flourish tamén está moi ben elaborado. Iso si, faltaría por axustar un pouco máis a escala de cor. Aínda que se move nunha gama parecida, non estaría axustada por completo. Moi bo traballo!